Uno de los más importantes cambios que se produjo en el país en el Siglo XX lo constituyó la prohibición de la censura, como garantía de la libertad de expresión de las ideas y opiniones y del derecho a la información.

La Asamblea Nacional Constituyente estableció en el Artículo 20 de la Constitución Política de 1991 lo siguiente:

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”

Sobre estos derechos y libertades la Corte Constitucional ha dictado amplia jurisprudencia a través de un sinnúmero de sentencias.

La libertad de expresión e información es un valor intrínseco de la democracia, que actúa como garante de otros principios también esenciales a la sociedad, como son el respeto a la dignidad humana, al reconocimiento de la persona como eje de la sociedad, a su participación en la vida colectiva, a la pluralidad y la tolerancia, entre otros.

El derecho de los seres humanos a expresarse los hace verdaderamente libres. Las restricciones que se impongan coartan su propia naturaleza humana y subordina a unos frente a otros.